Blindan elecciones ante amenza del narco

México, 30 jun (EFE).- Las autoridades mexicanas consideran que las elecciones legislativas y locales del 5 de julio están blindadas frente a la amenaza del narcotráfico, pese a los interrogantes surgidos en el país tras la detención de varios alcaldes por supuestos vínculos con un cártel de drogas.

Pese a que muchos analistas estiman que los "narcos" mexicanos son hoy los más poderosos del mundo y que en los últimos meses diversas detenciones de funcionarios han demostrado el alto grado de implicación del crimen organizado con las instituciones, las autoridades electorales afirman que las elecciones están libres de influencias criminales.

Recientemente diez alcaldes del estado central de Michoacán y varios funcionarios de ese gobierno local fueron detenidos preventivamente, acusados de tener supuestos vínculos con el cártel de las drogas La Familia Michoacana.

Edgardo Buscaglia, asesor de la ONU en materia de corrupción y delincuencia organizada, dijo a Efe que "se calcula que entre un 50 y 60 por ciento de los municipios mexicanos ha sido feudalizados" por el crimen organizado para facilitar sus operaciones delictivas.

El año pasado, además, las autoridades pusieron en marcha la llamada "Operación Limpieza", que permitió, entre otras capturas, la detención del director de Interpol México, Ricardo Gutiérrez Vargas, y del zar antidrogas hasta julio pasado, Noé Ramírez Mandujano.

Ramírez, por ejemplo, recibía del cártel de los hermanos Beltrán Leyva 450.000 dólares mensuales a cambio de información.

Este año se eligen en México 1.596 cargos de elección popular: 500 diputados federales y 403 locales, 6 gobernadores, 16 jefes delegacionales (titulares de alcaldías menores del Distrito Federal) y 605 alcaldes de municipios.

La gran cita con las urnas es el 5 de julio, a excepción de los estados de Quintana Roo, Tabasco y Coahuila, cuyos procesos electorales se celebrarán entre febrero y octubre.

El Instituto Federal Electoral (IFE) de México, la máxima autoridad electoral del país, dijo recientemente que "no existe" evidencia alguna de que se estén utilizando recursos procedentes del narcotráfico u otras actividades ilícitas en las campañas.

A ese organismo le apoya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), la principal autoridad en materia de conflictos legales e impugnaciones en comicios, y encargado de validar cualquier elección federal.

Su presidenta, Carmen Alanís, afirmó que los integrantes de ese órgano judicial están "preparados para garantizar la constitucionalidad y la legalidad de las elecciones".

Por su parte, para perseguir los delitos electorales, México cuenta con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), cuya titular, Arely Gómez, dijo en marzo que enfocará sus esfuerzos en vigilar "el desvío de recursos públicos con fines proselitistas" y proteger "la libertad del voto".

El fiscal general de México, Eduardo Medina Mora, aseveró la pasada semana que la Fepade ha recibido "un sinnúmero de denuncias" que está investigando.

Para el analista político José Antonio Crespo, México "absolutamente no está preparado" para contrarrestar la influencia del narcotráfico en los comicios y no cree que las autoridades puedan hacer algo al respecto.

Crespo, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo Económico (CIDE), indicó que frente al poderío económico y armado del narcotráfico mexicano la Fepade sólo puede actuar si recibe una denuncia "más o menos comprobada" de un delito "estrictamente" electoral.

En tanto, el IFE sólo puede fiscalizar las finanzas que le reportan de buena fe los partidos, por lo que le resulta imposible vigilar cualquier dinero diferente que reciban.

El papel de las autoridades ha quedado en entredicho en algunos casos, como en el de Mauricio Fernández, candidato a la alcaldía de San Pedro Garza García, uno de los municipios con la renta más alta de América Latina, ubicado en las afueras de la metrópoli norteña de Monterrey.

En una conversación grabada de forma encubierta y difundida por los medios, Fernández reconoce un pacto para garantizar la seguridad pública con el cártel de los Beltrán Leyva, y asegura que esa organización criminal mantiene la paz en San Pedro Garza García. EFE

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