Las otras epidemias: sanidad precaria y control social

La empresa Granjas Carroll SA, filial de la estadounidense Smithfield Food Inc, en la comunidad de La Gloria (Veracruz), ha sido señalada en México como el origen de la actual cepa del virus.

La empresa norteamericana está bajo proceso en EE UU desde hace varios años por su modelo productivo altamente contaminante.

No es sorpresa que este tipo de producción industrializada se desplace hacia el sur del mundo, en concreto, a zonas de pobreza extrema, como La Gloria, donde los controles y las exigencias sanitarias son menos estrictos y las autoridades más corruptibles.

Es necesario, no obstante, señalar también otras causas de la actual situación íntimamente ligadas a la anterior en el marco del modelo neoliberal.

La primera, y más apremiante, es el largo proceso de privatización del sistema sanitario, tanto en México como en otros países. Si hace 20 años México podía presumir de un sistema de vanguardia en cuanto a investigación científica y servicios de salud, hoy el sistema sanitario mexicano fue puesto de rodillas por un microscópico virus.

No sólo los hospitales no pudieron atender como se debe a los cientos de ciudadanos que acudieron a ellos, no sólo el abastecimiento de medicinas fue insuficiente, no sólo no había (hasta una semana después de declarar la emergencia) laboratorios capaces de detectar el nuevo virus, sino que el sistema sanitario por entero, en su capítulo epidemiológico, no fue capaz de entender a tiempo la magnitud del problema.

De modo que no es difícil creer al Gobierno cuando afirman que “no sabían que se tratara de un nuevo virus”.

¡Claro está! Tuvieron, según ellos, que esperar a la confirmación de laboratorios extranjeros de Canadá y EE UU para lanzar la alerta.

Por el contrario, es culpable el Gobierno mexicano al no admitir que subestimó (y decirlo así, es quedarse cortos) las numerosas denuncias que se venían dando desde meses atrás en contra de los brotes de influenza atípica en las comunidades rurales de Veracruz.

La otra gran causa de este problema sanitario, que sólo recientemente ha sido admitida por parte de las autoridades, es la pobreza. Esa sí se ha esparcido como una epidemia de magnas proporciones. Setenta millones de pobres en México no son de ayuda en esta situación.

El acceso a los servicios de salud es limitado o nulo, mientras que comprar los medicamentos necesarios resulta imposible para la mayoría de la población por sus altos precios.

El tristemente famoso Tamiflu cuesta 350 pesos, frente a un salario mínimo diario de casi 50 pesos. Hoy el medicamento está agotado y su reventa en internet rebasa los 900 pesos. La elevada desnutrición que hace más vulnerable a la población es, entre otras, una de las consecuencias inmediatas de esta situación.

Elecciones en julio

Los resultados de todas estas circunstancias los padecemos hoy en México.

El Gobierno presume de haber controlado la epidemia, cuando lo que hizo más bien fue obligar a la población a enfrentar las duras condiciones de la alerta: quedarse en casa, evitar el contacto humano, padecer los daños económicos del paro de las actividades.

Ahora comenzará la batalla para que no sean los trabajadores con sus salarios quienes paguen el coste económico de la crisis sanitaria este año (hasta el 1% del PIB). Los mexicanos también sufren las consecuencias del decreto presidencial que armó a la secretaria de Salud de poderes especiales, como la capacidad de intervenir teléfonos y entrar en los domicilios, sin límite de tiempo.

Estos dos últimos aspectos son, entre otros, los que determinarán el futuro próximo: el capítulo económico, que ya está premiando al sector privado farmacéutico con las compras ‘de emergencia’, y el de las medidas extraordinarias para el control del virus (y de la población). Primera prueba de fuego para el Gobierno de cara a las elecciones federales que tendrán lugar el próximo 5 de julio.

No hay comentarios: