En huelga de hambre funcionarios michoacanos

Gustavo Castillo García y Ernesto Martínez Elorriaga.- Los 10 alcaldes y 20 servidores públicos del estado de Michoacán detenidos, por presuntos vínculos con el crimen organizado, iniciaron una huelga de hambre, que en principio contenía la exigencia de que se determinara su situación jurídica, y se mantiene ahora que se les notificó que estarán arraigados los próximos 40 días. En tanto, sus familiares comenzaron a llegar a la ciudad de México para iniciar un plantón en demanda de que sean liberados.

En ese contexto, “ante las violaciones a las garantías individuales y presiones sicológicas a las que han sido sometidos por el Ministerio Público Federal, ya se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, informó el abogado Alejandro Tavera Montero, defensor del ex procurador de Michoacán, Miguel García Hurtado.

Este viernes arribaron a la ciudad de México siete autobuses con familiares y amigos de los funcionarios detenidos y será hoy cuando inicien su protesta contra la PGR. Por lo pronto, los autobuses quedaron estacionados en el Monumento a la Revolución y sus ocupantes pernoctaron en hoteles cercanos, en espera de definir si se movilizan a la SIEDO, o inician un plantón frente al Centro Nacional de Arraigo.

Respecto de la huelga de hambre, los abogados defensores de los servidores públicos michoacanos indicaron que su protesta se mantendrá, pues su captura obedece a una cuestión político electoral con miras a los comicios de julio próximo.

Ricardo Nájera Herrera, vocero de la PGR, reconoció la existencia de la huelga de hambre, aunque aclaró que esto se inició en demanda de que se les definiera su situación jurídica, y continúo a pesar de que este viernes se les notificó que el juzgado sexto especializado en arraigos, cateos e intervenciones telefónicas autorizó su arraigo por 40 días.

Alejandro Tavera declaró que “la única supuesta prueba documental que le mostraron a mi cliente es una lista en la que aparece su nombre (del ex procurador michoacano), que señala (que recibía) 150 mil pesos por protección municipal, lo cual es una estupidez ya que no tiene lógica que el procurador de un estado presuntamente brindara protección municipal”.

El litigante agregó que en el expediente “hay pruebas y testimonios fabricados, pues los supuestos testigos que involucran a Miguel García presentan incoherencias”.

Mencionó: “mi cliente, al igual que todos, fue objeto de la violación de sus derechos elementales ya que inicialmente no se les permitía tener contacto con su defensa, se les mantuvo sin alimentos y en un clima muy frío en los separos y se les sometió a presiones sicológicas, para luego hacer que los trataban bien y les decían que cooperaran, que ya otros (detenidos) los habían inculpado, y al ex procurador le ofrecieron ser testigo protegido”.Esto último, según Nájera Herrera, no es verdad pues a nadie se le ha ofrecido que se le convierta en testigo protegido y tampoco se le ha presionado.

Movilización en apoyo a ediles
En Michoacán, transportistas e integrantes de organizaciones sociales que desde el miércoles resguardan la presidencia municipal de Apatzingán –en protesta por la detención del alcalde, el perredista Genaro Guízar– vivieron momentos de tensión la mañana de este viernes cuando policías federales arribaron al edificio.

Fuentes oficiales informaron que a las 10 horas llegaron varias camionetas ocupadas por agentes federales, quienes realizaron rondines alrededor de la plaza principal para después estacionarse frente al ayuntamiento de esa localidad de Tierra Caliente.

Los grupos que apoyan al edil, quien se encuentra arraigado en la ciudad de México, se desplegaron alrededor del edificio y lanzaron consignas contra el gobierno federal y los operativos del martes pasado. Las cosas no pasaron a mayores porque después de una hora los policías se retiraron y los transportistas se dispersaron.

Desde el miércoles han ocurrido movilizaciones en esa y otras alcaldías, entre ellas las de Zitácuaro, Uruapan e Hidalgo, e incluso en la capital del estado, por grupos de civiles que respaldan a los funcionarios detenidos.

En Morelia, unos 400 indígenas nahuas se concentraron frente a palacio de gobierno para exigir la liberación del edil de Aquila, el priísta José Cortés Ramos.

Carlos Ramos, dirigente agrario de esta región de la costa norte, expresó su rechazo a los operativos que ofenden al pueblo nahua, dijo, porque aunque Aquila es uno de los municipios de pobreza extrema, se han sabido mantener lejos de las bandas criminales.

Añadió que se trata de una violación a los derechos humanos, porque sin ninguna orden, el alcalde fue sacado de su tierra como un criminal. “Creemos que tiene un fondo político todo este escándalo, pero también creemos que les va a revertir”.

En Morelia más de 200 alumnos normalistas y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo marcharon por la avenida principal y se concentraron frente a palacio de gobierno para protestar por los operativos, ya que violentan la autonomía estatal.

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