Empresas de seguridad usan tácticas militares

Documenta la ONU que dos firmas violan derechos humanos en sus operaciones. SY Coleman vigila inmuebles de Pemex y Global Risk adiestró a policías para torturar.

El legislador perredista José Alfonso Suárez del Real alertó sobre la proliferación de empresas de seguridad privada con perfil militar. Según cifras oficiales, alrededor de 2 mil compañías que operan en México disponen de una fuerza conjunta de 21 mil 525 elementos, lo que representa 10 por ciento del personal del Ejército y 50 por ciento de efectivos de la Policía Federal.


Entre esas corporaciones —conformadas por ex militares— destacan SY Coleman Corporation, que presta servicios de vigilancia aérea en instalaciones de Pemex, y Global Risk Inc., cuyo personal adiestró en prácticas de tortura a la policía municipal de León, Guanajuato, precisó Suárez del Real.

El legislador, integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, se refirió también a la operación de El Grupo, organización parapolicial financiada por empresarios, comerciantes y profesionistas para combatir y castigar el secuestro.

“Consideramos que el Estado mexicano no puede ni debe renunciar al monopolio del uso legítimo de la violencia. Por ello no podemos permitir la proliferación de empresas de seguridad privada ni por ningún motivo consentir la operación de empresas militares privadas”, puntualizó.

Por conducto de su correligionario Humberto Zazueta Aguilar, Suárez del Real presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores información sobre estas compañías.

Hasta un Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas ha documentado la presumible operación de mercenarios en México y solicitó al gobierno de Felipe Calderón un informe sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos perpetradas por personal militar de Global Risk Inc. y SY Coleman Corporation.

El organismo —dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU— presentó el pasado 27 de febrero un informe sobre el caso y confirmó que el gobierno mexicano no respondió hasta esa fecha el requerimiento.

Los diputados Suárez del Real y Zazueta Aguilar exigirán a la Secretaría de Relaciones Exteriores responder inmediatamente la petición de Naciones Unidas y remitir copias de esa contestación a las comisiones legislativas involucradas en el tema.

Consultado por este diario, el legislador promovente del punto de acuerdo alertó sobre el grave riesgo de permitir la operación de comandos como El Grupo y de corporaciones con adiestramiento militar en servicios de seguridad privada.

Remarcó que las empresas integradas con personal castrense “sirven a quien paga” y, dada la deficiente y arcaica regulación en la materia, existe la posibilidad de que esos grupos terminen ofreciendo sus servicios a los cárteles de la droga u otras organizaciones del crimen organizado.

Es preciso que la cancillería explique al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas el estatuto jurídico de las empresas de seguridad privada registradas en el extranjero, pero que realizan trabajos en territorio mexicano, indicó.

Más aún, dijo Suárez del Real, cuando el Presidente ha promovido entre los hombres de negocios la contratación de empresas privadas de seguridad, “renunciando a cumplir con el estado de derecho y fomentando la conformación de una fuerza armada paralela que únicamente responde a los intereses del dinero”.

(México • Fernando Damián y Daniel Venegas)

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